República Dominicana marcha para acabar con la impunidad

República Dominicana marcha para acabar con la impunidad

Recientemente, los ciudadanos de la República Dominicana han dado una nueva esperanza al mundo de que la participación activa es garantía para acabar con la impunidad. Desde que salió a la luz el escándalo de corrupción en torno al constructor Odebrecht en toda la región de América Latina, hemos conocido que a funcionarios dominicanos para ganar contratos multimillonarios.

Miles de ciudadanos salieron a la calle para denunciar la impunidad y luchar contra la corrupción en una exitosa marcha el pasado 22 de enero de 2017. Muchos más han participado en un proceso de recogida de firmas que se realiza en el país donde solicitan que el caso Odebrecht pueda ser investigado por fiscales de carrera independiente de partidos político, firmando los llamados “Libros Verdes”.

La empresa Odebrecht pago más de 3.000 millones de pesos dominicanos (US$ 62,9 millones) a funcionarios dominicanos. Con esta cantidad de dinero, se podría multiplicar por 5 la inversión del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SENASA) en tratamientos para el cáncer o por 72 la inversión en tratamientos a bebes prematuros. Este es solo un ejemplo de cómo los sobornos perpetúan la pobreza y la desigualdad y privan a los ciudadanos del acceso a los servicios públicos.

La sociedad civil dominicana junto con las ciudadanas y ciudadanos deben continuar con su compromiso y perseverancia en esta movilización. Su participación activa será necesaria en la nueva , convocada para el próximo miércoles 22 de febrero de 2017, así como firmando los “Libros Verdes”, situados por todo el país.

Transparency Internacional recibe con satisfacción la el pasado viernes 17 de febrero por 11 fiscales en Brasilia, incluyendo a República Dominicana. Sin embargo, les hace un llamado a las autoridades para que este proceso sea transparente y pueda ser monitoreado por la sociedad civil. Todos los países afectados por el caso Odebrecht deben continuar usando los canales de cooperación judicial efectiva establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

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